El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha aceptado parcialmente el recurso de apelación presentado por la Fiscalía del Estado, en nombre de la Organización Autónoma de Parques Nacionales (OAPN), que depende del Ministerio de Transición Ecológica, y ha ordenado a la reunión de Castilla y León que declare la caducidad de la concesión de la estación de esquí de Navacerrada en Segovia.

También obliga a la Administración castellana y leonesa a retirar las instalaciones y restaurar el medio ambiente según lo establecido en la sentencia.

Inicialmente, la Junta de Castilla y León había alegado que no estaba dentro de su competencia resolver la solicitud de cierre de la estación, que se encuentra en terrenos de la Agencia Autónoma de Parques Nacionales. Después de la apelación, los jueces aplicaron medidas cautelares para evitar el cierre.

El Gobierno dirigido por Alfonso Fernández Mañueco argumentó que era responsabilidad del Gobierno central declarar la caducidad de la concesión y liquidar los gastos con la empresa. Ahora, la justicia le da la razón al organismo dependiente de Transición Ecológica y obliga a Castilla y León a asumir los gastos.

Los magistrados consideran que, de acuerdo con la Ley Forestal, la Administración autonómica es competente para declarar la caducidad de la ocupación, a pesar de lo sostenido por la Junta. Si Castilla y León ha asumido las competencias en la gestión de la concesión, deberá ser la misma entidad la que resuelva su caducidad, según la sentencia.

Por lo tanto, la sentencia concluye que la Comunidad Autónoma de Castilla y León debe asumir la competencia para gestionar los efectos derivados de la extinción de la concesión por caducidad, incluyendo las obligaciones de liquidación del estado posesorio y la remoción de las instalaciones y restauración de la realidad física alterada.