El Parlamento Europeo aprobó una normativa que establece que a partir de 2030, todos los nuevos edificios que se construyan en la Unión Europea deberán ser cero emisiones, anticipando esta obligación a 2028 para las propiedades públicas.
Para que sea oficial, el Consejo de la UE aún debe adoptar los reglamentos aprobados por el Parlamento Europeo, con 370 votos a favor, 199 en contra y 46 abstenciones.
La revisión de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios también establece que los Estados miembros deben renovar al menos el 16% de las propiedades no residenciales con peor desempeño energético para 2030 y el 26% para 2035.
Esta reforma tiene como objetivo que todos los edificios de la Unión Europea, tanto nuevos como antiguos, sean climáticamente neutros para mediados de siglo, ya que los edificios representan el 40% del consumo de energía de la UE y son responsables del 35% de las emisiones de CO2 del territorio comunitario.
La Comisión Europea estima que se necesitarán 275 mil millones de euros al año hasta 2030 para renovar el parque inmobiliario, con la idea de compensar parcialmente los costes con un aumento de la actividad económica, facturas de energía más baratas y mejoras en la salud general.
La directiva otorga flexibilidad a los Estados miembros para diseñar su hoja de ruta y financiamiento para alcanzar los objetivos. Se prevén excepciones para edificios históricos, agrícolas, militares o de uso temporal.
En cuanto a la calefacción y energía, se exige eliminar los sistemas de calefacción de combustibles fósiles para 2040 y dejar de subvencionar las calderas a base de hidrocarburos a partir de 2025. También se elimina la obligación de aumentar la eficiencia energética a través de umbrales mínimos individuales.
Los Estados miembros tendrán que garantizar reducciones en el consumo de energía en edificios residenciales y no residenciales, así como instalar paneles solares en edificios nuevos y existentes que se renueven, entre otras medidas.
El negociador jefe del Parlamento Europeo, Cirian Cuffe, destacó que las nuevas regulaciones crean un modelo para descarbonizar el parque inmobiliario y subrayó el alcance geopolítico de la medida.