MADRID, 7 de marzo (EUROPA PRESS)-
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha retirado su propuesta de Real Decreto que aumentaba un 40% la Tarifa Enresa y ha reiniciado su tramitación tras recibir «buena parte» de alegaciones que solicitan más tiempo, según informaron fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera.
«El MITECO reinicia la tramitación del proyecto de Real Decreto que actualiza la dotación de capital público que financia el servicio de Enresa a las centrales nucleares en operación, lanzando una consulta pública previa, siguiendo el mismo procedimiento que en 2019, cuando se actualizó por última vez”, explican.
Así, señalan que, teniendo en cuenta «buena parte» de las alegaciones recibidas solicitando un plazo mayor, la consulta previa estará abierta para la recepción de observaciones hasta el próximo 18 de marzo.
La primera propuesta del Ejecutivo planteaba elevar hasta 11,14 euros/MWh la denominada ‘tarifa Enresa’, con la que los propietarios de las centrales nucleares pagan por la gestión de residuos radiactivos que realiza la empresa pública. Esta cantidad sería un 40% superior a la fijada actualmente, que se sitúa en 7,98 euros/MWh. La entrada en vigor de estas nuevas tarifas sería a partir del 1 de julio de 2024.
Así se recoge en el proyecto de Real Decreto que ha sido derogado y que modificaba la tarifa unitaria fija relativa a la prestación de bienes públicos no tributarios a través de la cual se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) a las centrales nucleares en explotación. El MITECO sometió el texto a consulta pública desde el sábado 13 de enero al 2 de febrero. Sin embargo, el sector nuclear se mostró contrario a este aumento.
En el proyecto de Real Decreto, el Ejecutivo argumentaba que durante la tramitación del VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) se pusieron de manifiesto «las dificultades» para alcanzar el grado de consenso social, político e institucional necesario para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) previsto en la 6ª PGRR y que iba a estar ubicado en la localidad conquense de Villar de Cañas.
Por ello, la VII PGRR, aprobada en diciembre pasado, descarta esta opción y opta por la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada una de las instalaciones atómicas y la posterior construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP), lo que aumenta el coste de financiación de la gestión de residuos.
En total, el plan prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros que serán sufragados, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina paga’, con el fondo de financiación del PGRR, que está dotado con aportaciones financieras de los titulares de las instalaciones nucleares.
Además, el Ejecutivo añadió que los cálculos de financiación también han variado debido a la inflación real de los años 2021 a 2023, «claramente superiores» a las calculadas en 2019.
A finales de febrero, el Foro de la Industria Nuclear Española, que reúne a los propietarios de las centrales, presentó dos recursos contra los reales decretos por los que se aprueba el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y también presentó alegaciones al futuro Real Decreto que modifica la denominada ‘tarifa Enresa’.
En sus alegaciones pidió más información económica para justificar un incremento del 40%, así como la eliminación de los «sobrecostes» derivados del VII Plan General de Residuos Radiactivos, que «no son imputables a las centrales nucleares».
Asimismo, se consideró oportuno excluir del Fondo Enresa los costos del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, así como la reasignación al Fondo Enresa de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.