La crisis climática está provocando un aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos que ponen en peligro la costa española. Para proteger a los ciudadanos y prevenir desastres naturales, el Gobierno está avanzando en trámites legislativos que facilitan la expropiación de edificios cercanos a la playa.

Expertos en el área marina como Eneko Aierbe de Ecologistas en Acción y Juantxo López de Uralde de Alianza Verde advierten sobre los riesgos de la erosión costera y la intensificación de eventos extremos debido al calentamiento global. Se destaca la importancia de conservar los ecosistemas costeros como defensas naturales contra estos riesgos.

El Ministerio de Transición Ecológica señala que la modificación del Reglamento General de Costas es necesaria para proteger a las personas y los bienes de los riesgos costeros en aumento. A través de la declaración de zonas como dominio público marítimo-terrestre, se busca evitar la privatización de lugares clave en la costa y se establecen límites constitucionales para proteger el entorno.

Las demarcaciones de zonas costeras no implican desalojos, pero permiten la compensación a los afectados. Con esta medida, se busca evitar nuevas construcciones que pongan en peligro los ecosistemas costeros y mitigar el impacto de la crisis climática en la costa española.