El Gobierno enfrenta contradicciones en su deseo de convertirse en el referente europeo en la transición ecológica y las inversiones que ha anunciado en menos de un año de legislatura. La ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un presupuesto de 2.400 millones de euros, choca con el compromiso de reducir las emisiones. El proyecto busca ampliar la capacidad de recepción a 90 millones de viajeros anuales, lo que implica un aumento significativo de las emisiones contaminantes. A pesar de esto, el Gobierno anunció un plan de sostenibilidad medioambiental con la creación de la mayor planta solar en un aeropuerto europeo. Sin embargo, grupos ecologistas cuestionan la viabilidad medioambiental de este proyecto. El anuncio también choca con un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para prohibir los vuelos nacionales cortos que puedan ser sustituidos por viajes en tren, lo que podría resultar en un mayor impacto medioambiental. Además, la expansión del aeropuerto se vincula a una operación urbanística de AENA para crear un polo logístico y una ciudad aeroportuaria con edificios de uso terciario, lo que plantea conflictos en cuanto al uso del suelo público.