El verano pasado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), bajo el ministerio de Teresa Ribera (PSOE), comenzó a cerrar preventivamente pozos ilegales en la región de Doñana, una demanda antigua de los ecologistas que no se había abordado de manera generalizada hasta ahora.

Según fuentes de la CHG citadas por Público, estas medidas cautelares se aplicaron gracias a uno de los últimos decretos de sequía antes del verano de 2023 y de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo. El objetivo de sellar los pozos es proteger los recursos hídricos, especialmente en un acuífero sobreexplotado como el de Doñana.

Desde el verano, la CHG ha cerrado 43 pozos ilegales y planea incrementar estas acciones próximamente. Según ellos, estas medidas han evitado el riego de 57,74 hectáreas de frutos rojos con captaciones irregulares de agua.

Aunque estas acciones son positivas, las ONG conservacionistas consideran que son insuficientes, ya que hay más de mil hectáreas regadas ilegalmente en la zona. Destacan la necesidad de más recursos, personal y colaboración por parte de otras administraciones para abordar de manera más efectiva el problema del robo de agua en Doñana.

En total, la CHG ha cerrado definitivamente 271 pozos desde 2019 y está en proceso de cerrar otros 235. Sin embargo, enfrenta presiones y críticas por haber permitido estos pozos ilegales en el pasado. La aplicación de medidas cautelares es fundamental para garantizar la eficacia de las decisiones finales en este tema.

En conclusión, la lucha contra el robo de agua en Doñana requiere una mayor implicación y responsabilidad por parte de todas las administraciones, así como un apoyo legal sólido para llevar a cabo el cierre de pozos ilegales y controlar los legales de manera efectiva.