Críticos de la sociedad civil han acusado a la Unión Europea de destinar una cantidad sin precedentes de ayuda estatal a un gran proyecto energético que va en contra de sus propios objetivos en relación al cambio climático.
Los críticos argumentan que financiar la construcción de nuevos gasoductos desde la región del Caspio también está causando sufrimiento a las comunidades que viven a lo largo de la ruta de 3.500 kilómetros, al mismo tiempo que ayuda a sostener un régimen autocrático en Azerbaiyán.
Las preocupaciones sobre el proyecto del Corredor Sur de Gas surgen en medio de expectativas de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que es propiedad de los estados miembros de la Unión Europea, esté a punto de aportar al plan hasta 3.000 millones de euros, su mayor suma total hasta la fecha.
«El Corredor Sur de Gas va en contra de la ciencia del clima», afirma Anna Roggenbuck, responsable de políticas del BEI en Vigilancia bancaria, una red de grupos ambientalistas en Europa central y oriental que monitorean las instituciones públicas de crédito.
«Una vez construida, esta infraestructura permanecerá hasta 2050 y simplemente aumentará el coste del suministro a la Unión Europea, y perpetuará el uso del gas, chocando con los objetivos de energía y cambio climático de la UE».
El Corredor de Gas del Sur es el nombre dado a una serie de enlaces fijos, incluido el Gasoducto Transadriático (TAP), necesarios para transportar gas a Europa desde el gigantesco yacimiento de gas de Shah Deniz, en la parte del Mar Caspio propiedad de Azerbaiyán, hasta la costa adriática de Italia.
La empresa global de energía BP, que es accionista de la producción de gas, ha afirmado que el Corredor es el más importante de la industria mundial del petróleo y el gas, siendo «una empresa ambiciosa» y estando «preparada para cambiar el mapa energético de toda una región».
La falta de concordancia de la UE en materia de cambio climático y derechos humanos
La Comisión Europea no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios, pero explicó algunas de sus ideas cuando se firmó la parte del acuerdo TAP en marzo pasado. «La estrategia marco de la Unión de la Energía de febrero de 2015 identificó este proyecto como una contribución clave a la seguridad energética de la UE, trayendo nuevas rutas y fuentes de gas a Europa», afirmó Maroš Šefčovič, vicepresidente responsable de la Unión de la Energía en la CE.
Šefčovič no mencionó en ese momento las estrategias de la UE para el cambio climático o las energías renovables, pero justificó la necesidad de violar las normas de competencia contra la financiación estatal, alegando que el proyecto no se construiría de otra manera.
El BEI, propiedad de los estados miembros de la UE, el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (BERD), en parte propiedad de la UE, y el Banco Mundial, todos hablan de conceder préstamos.