La entrada masiva de energías renovables junto con una demanda eléctrica en descenso está causando una disminución de los precios en el mercado mayorista en España. Aunque esto puede beneficiar al consumidor, también plantea desafíos para la transición energética necesaria para combatir la crisis climática. Factores como el aumento de impuestos sobre instalaciones renovables, el incremento de los costos de capital y de inversión, y la falta de rentabilidad y financiación pueden resultar en proyectos que no se construyan o que quiebren.

Gracias a energías como la eólica y la fotovoltaica, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha llegado a ser de 0 euros/MWh en 136 horas y de menos de 1 euro/MWh en otras 221 horas entre el 1 de enero y el 26 de marzo. En marzo, el precio medio diario del mercado mayorista fue un 70,8% más bajo que el año anterior. A partir de mediados de 2022, España ha tenido precios más bajos que otros países de la Unión Europea.

La brusca caída de precios en marzo se debe a factores como condiciones climáticas favorables para la generación de energía eólica e hidráulica, el aumento de la capacidad instalada de energía fotovoltaica, la baja demanda y la limitada capacidad de interconexión de la península. A pesar de que los mercados a futuro indican que esta tendencia de precios bajos se mantendrá, preocupa al sector la viabilidad de los proyectos renovables.

Para abordar esta situación, es necesario impulsar la electrificación, especialmente en áreas como calefacción y transporte, y desarrollar sistemas de almacenamiento a gran escala. Además, se sugiere organizar nuevas subastas de capacidad renovable y firmar contratos de suministro a largo plazo para garantizar ingresos estables a los productores y reducir la volatilidad del mercado.

El estado debe involucrarse en la búsqueda de soluciones a corto plazo, como subastas que aseguren ingresos estables para los productores o contratos a largo plazo, para apoyar el desarrollo de proyectos renovables. Si no se estabilizan los ingresos para las nuevas instalaciones, se corre el riesgo de que los proyectos no se lleven a cabo y de perder la cadena industrial asociada, que genera empleo en España.