Noruega se ha convertido en el primer país en aprobar la minería submarina comercial.

A pesar de la oposición de grupos científicos y ecologistas, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que permitirá la búsqueda de metales preciosos en aguas profundas para la transición energética.

El plan minero aprobado se limita a aguas nacionales, pero deja la puerta abierta a acuerdos para desarrollar la industria en aguas internacionales. Las empresas podrán solicitar la explotación de yacimientos en un radio de unos 280.000 metros cuadrados, con cada autorización sujeta a la aprobación del Parlamento y un estudio de impacto ambiental.

Expertos, ecologistas y académicos han firmado un manifiesto alertando sobre los impactos de este tipo de minería, entre ellos la pérdida de biodiversidad, la contaminación de sedimentos, toxinas y metales, y la contaminación acústica.

Diversas organizaciones, como la Fundación Justicia Ambiental, Greenpeace, WWF-Noruega y Avaaz, se han unido para rechazar el proyecto de ley y recoger firmas para paralizarlo.

Incluso 120 legisladores de la Unión Europea han enviado una carta al parlamento noruego solicitando que el proyecto sea rechazado para evitar sus impactos en la biodiversidad marina.