Siguiendo los pasos de Doñana, este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), y el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), se han fotografiado en el Mar Menor antes de firmar la creación de una Comisión Interadministrativa de Coordinación para intentar la recuperación ecológica del Mar Menor. La laguna tiene importantes problemas de contaminación, especialmente por los nitratos de los fertilizantes utilizados en las explotaciones agrícolas.

La comisión no supone la implantación de nuevas medidas y no se han anunciado más inversiones, sino que será un “órgano colegiado” en el que participarán el Gobierno central, el de la Región de Murcia y los 10 ayuntamientos que tienen relación con el Mar Menor tendrá la oportunidad de compartir las iniciativas previstas de forma coordinada y colaborativa. Pueden surgir nuevas ideas de actuación, afirmó López Miras, pero la base para empezar a caminar serán las medidas ya contempladas por la ley autonómica de protección del Mar Menor y el Plan de Actuaciones Prioritarias del Ministerio para este ecosistema, aprobado en noviembre de 2021. dotado con unos 484 millones de euros.

La organización ya estaba contemplada en la ley del Mar Menor que se aprobó en 2020, y seguirá las líneas que marca este reglamento. López Miras ha atribuido el retraso en su implementación a las «dificultades» que rodearon la pasada legislatura, derivadas en gran medida de la crisis sanitaria del coronavirus.

Valor simbólico»

La nueva comisión tiene principalmente un valor «simbólico», según ha reconocido la ministra, que ha insistido en la importancia de «mostrar hasta qué punto es importante mostrar la voluntad de trabajar juntos para resolver los problemas». El presidente murciano también ha insistido en que para proteger y recuperar el Mar Menor se requiere una actuación conjunta y coordinada, para «profundizar en lo común», ya que, incluso a partir de las «discrepancias» de la administración autonómica y central, ambas comparten el deseo tener un Mar Menor “sano y fuerte”.

El Ministerio para la Transición Ecológica calcula que se vierten al Mar Menor 3.580 toneladas de nitratos y 19,7 toneladas de fosfatos como consecuencia de la actividad agrícola y ganadera, así como de antiguas actividades mineras, urbanísticas y turísticas. Ribera ha indicado que sus objetivos van encaminados a renaturalizar las parcelas y actuar sobre la sierra minera, algo que consideran «clave» para abordar el problema de la contaminación de la laguna. También recordó que se ha producido la “desconexión de 9.000 hectáreas de riego ilegal”, y que se busca una regulación del uso del agua. Asimismo, esperan “reducir los impactos en origen y avanzar hacia una agricultura más sostenible”. Las asociaciones ecologistas y defensoras del medio ambiente llevan años reclamando que se actúe sobre las explotaciones agrícolas, a las que consideran las principales culpables del mal estado de la laguna.

Estas organizaciones, entre las que se encuentran la plataforma ciudadana SOS Mar Menor, Ecologistas en Acción o Greenpeace, «aplauden» la constitución de la comisión, que consideran «un mecanismo esencial para implementar con éxito soluciones» para reducir los impactos al ecosistema. Y esperan que “sea el inicio del cumplimiento del resto de obligaciones legales que han sido sistemáticamente ignoradas”, indican en una nota de prensa.

Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Suroeste (Anse), sostiene que la presentación de la comisión es «positiva» y supone un gran paso dadas las tensas relaciones entre ambas administraciones para resolver este problema. “Llevamos reclamando una organización de este tipo desde que llegó Teresa Ribera en octubre de 2019 [cuando murieron miles de peces en el mar Menor]pero debería complementarse con el Consejo del Mar Menor, aún no constituido, y con un comité científico independiente no designado por la comunidad autónoma como es el actual”.

García insiste en que se debe acelerar el plan de ordenación pesquera del Mar Menor, el plan de control del uso de fertilizantes o las directrices de ordenación territorial, un documento que concretaría los usos urbanos, agrícolas, turísticos, entre otros, de la comarca de Cartagena que drena hacia el Mar Menor.

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