La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber completado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca y de gestión del riesgo de inundación, específicamente los referentes a Canarias (Lanzarote, Fuerteventura y La Palma), de acuerdo con las directivas sobre agua e inundaciones, y por tener al menos 195 vertederos ilegales sin cerrar, sellar o restaurar desde 2008, causando «daños graves» al medio ambiente y poniendo en peligro la salud de los habitantes.

Planes hidrológicos
La CE ha enviado a España junto con Bulgaria, Irlanda, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el TJUE por no haber completado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca o sus planes de gestión del riesgo de inundación, según las directivas sobre agua e inundaciones. Los Estados miembros deben actualizar y notificar cada seis años sus planes hidrológicos de cuenca, lo que incluye un programa de medidas para garantizar el buen estado o el potencial de todas las masas de agua. Además, deben actualizar y notificar cada seis años sus planes de gestión del riesgo de inundación, considerados «fundamentales» por Bruselas para reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones suponen.

Vertederos ilegales
El Ejecutivo comunitario ha dado el último paso en el expediente que abrió a España en 2015 por infringir la directiva sobre residuos que exige a los países adoptar «todas las medidas necesarias» para evitar que perjudiquen tanto a los seres humanos como al medio ambiente. España no ha adoptado medidas necesarias para cumplir con estos requisitos y la persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que no han sido cerrados, sellados ni restaurados desde 2008, está causando daños graves al medio ambiente y poniendo en peligro la salud humana. La apertura del procedimiento de infracción se remonta a diciembre de 2015 y Bruselas dio un ultimátum en noviembre de 2018, pero considera que «los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes» a pesar de haber conseguido «algún avance» desde entonces. El caso pasa ahora al tribunal con sede en Luxemburgo, que deberá determinar si España ha incumplido las obligaciones que le impone la directiva.

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